Las migraciones internacionales constituyen uno de los puntos más difíciles y complejos de la agenda global. En parte porque expresan las enormes desigualdades que entraña el proceso de globalización, en parte porque para enfrentar sus problemas el sistema internacional no cuenta con herramientas eficientes.
Los circuitos migratorios globales
Las migraciones internacionales se expresan por lo general en un contexto asimétrico en que los principales flujos migratorios se dirigen del sur al norte; es decir, desde las naciones pobres de la tierra hacia las más ricas o desarrolladas. En la medida en que las desigualdades en el sistema internacional se han acentuado, se han intensificado los flujos de población del sur hacia el norte. El problema no es únicamente que dichos flujos poblacionales presionan a los países receptores a aumentar gastos estatales, de seguridad fronteriza e incluso producen dificultades de tipo político en el proceso de asimilación de los migrantes en las nuevas sociedades a las cuales se vinculan. Del lado de los países emisores se producen a su vez consecuencias significativas.
En la medida en que estos flujos se articulan en circuitos migratorios y producen un verdadero sistema de movilidad laboral entre países, las remesas pasan a convertirse en una fuente imprescindible de los presupuestos familiares de los hogares de la población migrante en los países de origen, esencialmente en el mundo subdesarrollado. Estas remesas si bien constituyen un hecho positivo, al paliar los desequilibrios de balanza de pagos, las debilidades de los sistemas de bienestar o seguridad social ausentes en dichos países y, en general, morigerar los niveles de pobreza en los hogares que reciben estos recursos, no constituyen de suyo una respuesta a los problemas del subdesarrollo; en muchos casos contribuyen a terciarizar más las economías, a desplazar recursos laborales de la agricultura y a fortalecer estilos de consumo propios de las sociedades receptoras a donde se dirigen los migrantes.
Por otro lado, en los países receptores es claro que la inmigración resuelve serios problemas de los mercados laborales, sobre todo en los estratos más permeables y de menor demanda de recursos calificados. Esto, sin embargo, dada la estructura del sistema mundial y las políticas restrictivas descritas, tiende a dificultar el proceso de asimilación de los migrantes a las sociedades receptoras, al generar efectos de exclusión y xenofobia que marginan al trabajador inmigrante.
 El problema es mayor si se consideran al menos tres factores: 1) que la intensificación de los flujos migratorios a escala mundial expresan el aumento de las desigualdades entre los países del sistema internacional en el marco de la llamada globalización, 2) que en los países desarrollados, sobre todo en Europa, existen serios problemas de crecimiento demográfico que amenazan sus mercados laborales y sistemas de seguridad social, y 3) que los estados en el mundo desarrollado se encuentran en una verdadera crisis en sus capacidades de sostenimiento de los programas de bienestar y seguridad social.
Comunidad internacional y políticas migratorias
En ese contexto de crisis y complejidades se requieren modalidades de legislación migratorias que, al tiempo que respeten los derechos de los estados en su soberanía como verdaderas comunidades políticas, reconozca la complejidad del fenómeno y asuman la migración como un difícil problema del desarrollo a escala global. Esto remite a la necesidad de construcción de una comunidad mundial en términos no sólo económicos sino principalmente políticos, sociales y culturales.
De esta forma las legislaciones deben asegurar la cooperación entre los estados, tanto en el marco de los mecanismos que permitan controlar de modo más eficaz los flujos ilegales de personas, la trata de blancas y todo el negocio delictivo vinculado a estos procesos, como también permitan asegurar el respeto de los derechos humanos que asisten a los migrantes, facilitándoles una integración armoniosa en las sociedades receptoras y el mantenimiento de sus vínculos con las sociedades de donde proceden, precisamente en el delicado asunto relativo al manejo de las identidades heredadas de las culturas y marcos societales de origen.
Parece una paradoja, pero es precisamente este tipo de política el que mejor facilita a los inmigrantes la asimilación cultural en las sociedades receptoras, al tiempo que aseguran un clima pluricultural y de respeto mutuo entre grupos sociales diversos que coexisten en una misma sociedad, sean estos inmigrantes o nacionales. Por lo demás, esto es imprescindible para el afianzamiento de buenas relaciones entre los estados emisores y receptores de migrantes.
En la agenda global de las migraciones hay que abandonar toda política de exclusión, xenofobia o racismo. Por otro lado, esos procesos deben de alguna manera orientarse en el sentido de facilitar beneficios mutuos a los países emisores como a los receptores, en asuntos como las remesas para los países emisores y la orientación ordenada de una mano de obra que se integra en los nichos del mercado laboral realmente requeridos por las economías en los países receptores.
Cooperando para gobernar las migraciones internacionales
Esto exige de esfuerzos y acuerdos de cooperación entre los países emisores y receptores en un clima de tolerancia y respeto mutuo, a fin de fortalecer mecanismos eficaces de cooperación económica de los países desarrollados hacia los menos desarrollados. Un ejemplo de estos esfuerzos podrían ser los acuerdos que España en particular y la Unión Europea en general podrían firmar (y en muchos casos ya han firmado) con los países latinoamericanos más comprometidos con la migración de sus nacionales a Europa. En el caso dominicano se tiene un ejemplo de este tipo de acuerdos ya firmado con España. Estos acuerdos deben irse mejorando hasta alcanzar un perfil de mayor funcionalidad, tanto en la perspectiva de las poblaciones migratorias, reales o potenciales, como de los países receptores. 
Esta situación se hace mucho más compleja al considerar que entre los mismos países latinoamericanos y del Caribe la realidad de la inmigración se manifiesta con igual crudeza y urgencia reguladoras que la propia de los flujos migratorios de los países latinoamericanos y del Caribe hacia Europa y Estados Unidos. Son los casos, entre otros, de la inmigración de haitianos en República Dominicana, de dominicanos en Puerto Rico y Estados Unidos, de guatemaltecos en el sur de México, de bolivianos en Argentina, de colombianos en Venezuela y de peruanos y argentinos en Chile y de nicaragüenses en Costa Rica. Se requieren así esfuerzos ordenadores de los flujos migratorios en el sistema internacional que al menos tracen pautas generales que introduzcan un orden mínimo en su orientación y dinámica, al tiempo que aseguren el respeto de los derechos humanos fundamentales que asisten a los propios migrantes.
Remesas y derechos humanos
El caso de las remesas puede ser un espacio interesante para fortalecer mecanismos de cooperación y articulación de estrategias comunes entre los países receptores de esas remesas, las comunidades migrantes que las envían y los propios países donde habitan esas comunidades, en un objetivo común orientado hacia el desarrollo de los países de donde parten los migrantes, del fortalecimiento del nivel de vida de los familiares a quienes se les envían las remesas, y una mayor y más estrecha relación entre las comunidades migratorias con sus sociedades de origen. Estos mecanismos pueden articularse, así como estos planes de desarrollo pueden producirse, desde el ámbito de las inversiones inmobiliarias, el fortalecimiento de las microempresas en manos de migrantes o sus familiares, hasta el impulso de planes educativos y de formación de recursos humanos.
El asunto de los derechos humanos que asisten a los migrantes debe ser tomado en serio. En este objetivo debe haber mayor cooperación entre los estados para asegurar sus controles fronterizos en un clima de respeto, pero también para definir mecanismos de mayor control y ordenamiento regulador de la inmigración que sancione sobre todo a los grupos privados que se benefician de la inmigración ilegal, sean estos intermediarios y empresarios, burócratas estatales, civiles o militares, o simples buscones e intermediarios ilegales.
Pluralismo y ciudadanía para la gobernabilidad migratoria
Debemos, pues, asumir con realismo y un leve optimismo, el hecho de que la intensificación de las migraciones, en el presente escenario global, no sólo expresa los graves problemas de desarrollo de los países emisores, o las necesidades de mano de obra de los receptores, sino también el fortalecimiento de un clima cultural de mayor diversidad y pluralismo etno-cultural que a la larga robustecerá una  verdadera comunidad política internacional. Lejos de debilitar el perfil nacional de los estados y naciones puede que fortalezca los perfiles nacionales de cada país, haciéndolos al mismo tiempo más tolerantes, integrados y cooperativos, al reconocer la existencia de otras realidades culturales, políticas y sociales que comparten una misma comunidad política mundial y se enfrentan a problemas comunes en el marco de la economía global.
Posiblemente el horizonte de todo este esfuerzo internacional entre países pobres y ricos, receptores o emisores de población migratoria, sea la necesidad de fortalecer el estado de derecho en los dos extremos del continuun migratorio: la salida como las entradas de los migrantes, y esto sólo puede ordenarse teniendo como meta una mayor ciudadanización, vale decir,  fortaleciendo un marco global de derechos compartidos en las dimensiones estatal nacionales del sistema internacional, pues es en este espacio nacional donde básicamente esos derechos se ejercitan. Se trata de un gran reto: la construcción de un estado de derecho a escala global, como de un marco ciudadano compartido por estados emisores y y receptores de migrantes .
POR WILFREDO LOZANO
Periodico Hoy