¡Debe estar atento, Danilo!
A veces los períodos de transición del poder son propicios para bellaquerías. Algunos intentan hacerse de unos pesitos antes de irse, otros apresuran asuntos pendientes para fondearse o saldar viejas cuentas económicas o políticas. Los peor intencionados aprovechan la confusión y la prisa para imponer iniciativas que le minan el camino y complican seriamente al nuevo gobierno.
El Departamento de Prevención de la Corrupción y sus sometimientos al vapor, y la presurosa elaboración y aprobación de un presupuesto complementario, son claros ejemplos de este tipo de conducta. Esos casos, en particular, pueden tener repercusiones muy negativas para el próximo gobierno. Aunque hay quienes dicen que en cierto modo avanzan disposiciones imprescindibles que pudieran resultar odiosas para una nueva administración. Habrá que observar sus resultados.
En otras materias esas prisas, sin duda alguna, sí afectan significativamente las ejecutorias y los resultados de la nueva gestión. Algunas se están apresurando en la actualidad, por lo que es recomendable que el presidente electo esté muy atento.
Está el caso del proyecto de ley que busca regular las retribuciones que reciben los empleados públicos que, después de muchos años de estudio, asesorías y debates ha sido sometido al Congreso por el Ministerio de Administración pública. Nadie cuestiona las buenas intenciones y la dedicación que ha puesto el ministro Ventura Camejo en esta iniciativa. Pero ciertos sectores sociales, de la prensa y hasta el mismo Congreso pretenden, no sólo llevarlo con una prisa inusitada, como “caña pal ingenio”, sino además colar en él algunas áreas y sectores recaudadores muy sensitivos que, de ser restringidos y encorsetados en cuanto a las retribuciones salariales que pueden ofrecer a su personal, corren el riesgo de perder recursos humanos probados y entrenados, con el consecuente retroceso institucional.
Sobre ese particular ha llevado la voz cantante el titular de la Dirección General de Impuesto Internos ñJuan Hernández, un hombre libre de duda y sospechañ, quien viene advirtiendo de las consecuencias que tendría para esa institución la merma de los salarios y los paquetes compensatorios de sus funcionarios, técnicos y empleados por los rigores de esa nueva ley.
Ha planteado con toda claridad que de producirse esa regulación, la pérdida que representaría la fuga de una buena parte de ese personal--en el que el Estado ha invertido muchos millones de pesos en su formación y entrenamientoñ sería incuantificable, porque necesariamente acarrearía un gran deterioro de la eficiencia recaudadora y de los servicios que ofrece esa dependencia. Lo que al final tendría un costo muy superior a lo que el Estado pudiera ahorrarse con esa medida.
En la misma situación se encuentran la Dirección General de Aduanas, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, entre otros entes reguladores y recaudadores que exigen un personal de alta competencia técnica, que sólo con estímulos compensatorios pueden estar en el sector público cuando en el sector privado se les ofrecen mejores salarios y garantías. Y que es, precisamente, el sector que tiene que regular.
Así es como funciona en todas partes del mundo, porque son servidores susceptibles de ser captados y cooptados si no tienen ingresos que les garanticen vivir con un mínimo de dignidad.
Está también el caso de un proyecto de ley sometido por el senador Félix Bautista que busca crear el Sistema Estadístico Nacional y traspasar el cálculo y manejo de todas las estadísticas nacionales a la Oficina Nacional de Estadísticas. El proyecto puede estar revestido de las mismas buenas intenciones que el de Camejo, pero es un tema no debatido ni discutido debidamente. Sin embargo lo introdujeron y pasó como una exhalación, aprobado de “urgencia” por los senadores sin hacer la más elemental consulta ante una iniciativa de semejantes implicaciones. ¿Cuál es la prisa?
De pasar tal cual como lo aprobó el Senado, sobre una dependencia en extremo incompetente e incapaz como la ONE recaerá la responsabilidad de llevar y ofrecer las cuentas nacionales, el índice de precios, del empleo, del turismo y todas las variables macro y micro económicas con sus respectivas encuestas y proyecciones estadísticas. Una información tan valiosa y estratégica que en las últimas décadas ha sido preparado, administrada y distribuida con un altísimo nivel de eficiencia por el Banco Central, que cuenta con un personal de primer nivel, con capacidad, experiencia y entrenamiento en esas tareas.
Ese proyecto le da el monopolio de esas operaciones a la Oficina de Estadísticas. Léase bien: ¡a la ONE! Un organismo históricamente tan ineficiente que hace dos años realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda y aún no se tienen los resultados definitivos.
Puede hasta comprenderse el interés de fortalecer la ONE, capacitar su personal, ampliarlo, entrenarlo, tecnificarlo. Pero ese esfuerzo jamás debe hacerse atentando contra la eficacia con que se manejan las cuentas de la nación, y la credibilidad que esas estadísticas tienen, por su buen manejo, ante los organismos multilaterales.
En un proceso paulatino ñllevado a cabo con el mayor esmero, la prudencia debida y el tiempo necesarioñ, ese Instituto Nacional de Estadísticas que crea la ley sometida por Félix Bautista, tal vez pudiera asumir la responsabilidad de realizar los cálculos del índice de precios al consumidor y las encuesta nacional de empleos. Y quizás hasta las estadísticas de turismo, en cuyos cálculos la ONE fracasó en la década de los años 80 cuando tenía esa responsabilidad.
Pero jamás, y bajo ninguna circunstancia, puede excluirse al Banco Central de la responsabilidad del cálculo de las cuentas nacionales. Casi todos los países del mundo y de la región mantienen esos cálculos en su banca central.
Se tienen incluso experiencias como la chilena y la costarricense, donde por esnobismo delegaron en sus oficinas de estadísticas los cálculos de las cuentas nacionales. Pero después tuvieron que dar marcha atrás y devolver esa responsabilidad a su banco central por la desconfianza que comenzaron a generar sus informaciones oficiales ante los organismos multilaterales.
Este tipo de inventos preocupa más en la transición de un gobierno a otro, pues son iniciativas tomadas al final de un período, por lo cual genera mil conjeturas y decires maliciosos, ya que eventualmente pudieran remitir perniciosas consecuencias a la nueva gestión,
Danilo Medida debe estar muy atento a estos casos y exigir que todo nuevo proyecto que impliquen compromisos de esa naturaleza sean conocidos con detenimiento- ño después del 16 de agostoñ para que se le permitan a él y a su equipo técnico las debidas ponderaciones.
De lo contrario, el presidente Medina corre el riesgo de encontrar el gobierno lleno de caldos y espinas... porque, como dicen las Sagradas Escrituras:
¡De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno!
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