Brasilia (PL) La propuesta de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, de convocar a un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre una reforma política enfrenta un aborto en el Congreso, donde aliados del Gobierno dieron la espalda al pedido de la dignataria.La mayor parte de las agrupaciones representadas en el Legislativo calificaron de inviable la realización este año del plebiscito sugerido por la mandataria, como respuesta a los reclamos de la población que participó en junio pasado en multitudinarias protestas en más de 100 ciudades de Brasil.
El líder de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, pospuso asimismo la instalación de una Comisión para discutir el proyecto de la mandataria debido a divergencias entre legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), en el Gobierno, y de otras agrupaciones aliadas de la administración federal.
"Hubo un mal entendido y se suspendió la instalación de la Comisión", resaltó Eduardo Alves, quien ratificó la potestad de ese órgano legislativo de hacer modificaciones, alteraciones y hasta decidir si habrá o no plebiscito.
Solo tres formaciones políticas con representación en la Cámara -el PT, los Demócratas Laboristas y los comunistas del PCdoB- respaldan la consulta popular.
Llama asimismo la atención que como principal opuesto a la consulta este año aparezca el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más importante socio de la coalición del Ejecutivo y con mayor número de diputados y senadores en el Congreso.
Para Eduardo Alves, el principal obstáculo son los plazos establecidos por el Tribunal Superior Electoral, que hacen inviable e impracticable la realización en octubre próximo de un plebiscito.
No hay forma de lograr los 171 votos necesarios para proponer un proyecto de decreto legislativo que garantice este año la consulta popular, aseveró.
El líder de la agrupación Demócratas (DEM, en la oposición), Ronaldo Caiado, corroboró que el plebiscito es una cuestión superada y la gran parte de miembros de la Cámara reconoce que no se puede realizar.
La consulta de la dignataria permitiría a la población escoger los aspectos que desea modificar del sistema político, sin embargo, los parlamentarios son más proclives a mantener ellos el control y por ello se inclinan por elaborar en el hemiciclo brasileño las propuestas de reforma para después, en 2014, someterlas a referéndum, junto con las elecciones nacionales.
La iniciativa de la jefa de Estado se basa en cinco grandes puntos: financiación de campañas (pública o privada), el sistema electoral (voto proporcional, distrital o mixto), la suplencias parlamentarias, la manutención de las coaliciones y el fin del voto secreto.
Esta situación ata de manos a Rousseff, interesada entre otros objetivos con alterar el sistema de financiación de las campañas, es decir que sólo recibirían fondos públicos, lo cual sería un paso adelante en la lucha contra la corrupción.
La Constitución de 1988 otorga al Congreso la prerrogativa exclusiva de realizar enmiendas a la Carta Magna y de convocar a plebiscitos o referéndums.
El líder del PT en la Cámara de Diputados, José Guimaraes, reconoció la falta de respaldo entre los aliados, lo cual -en medios políticos- es considerado como el debilitamiento de la alianza de Gobierno.
De tendencia de centro derecha, el PMDB cuenta además con el mayor número de gobernadores y prefectos en este país y todo indica que no quiere modificaciones que puedan afectar sus intereses y posición política con miras a los comicios del 5 de octubre de 2014, cuando se elegirán presidente de la República, gobernadores provinciales, senadores y diputados.
Estudiosos del tema alertaron asimismo sobre las maniobras de la oposición, encabezada por el Partido de la Social Democracia (PSDB), de impulsar un referéndum, junto con las elecciones presidenciales de 2014 para que los electores ratifiquen o rechacen normas ya redactadas.
En este contexto, el Ejecutivo trabaja asimismo en otras áreas prioritarias como la responsabilidad fiscal y el control de la inflación, la salud pública, el transporte y la educación, pero también deberá buscar consenso entre un amplio segmento de diversidad política que controla estados y municipios.
Paralelamente los parlamentarios, tras las masivas protestas de la ciudadanía efectuadas en junio pasado, aprobaron ya algunas resoluciones, en forma urgente, de temas importantes como convertir en crimen grave a los hechos de corrupción pública y destinar la mayor parte de los fondos de las regalías petroleras a la educación y la salud.
Y se prevé que tomen algunos puntos de la propuesta de Rousseff, los discutan y aprueben sin necesidad de consulta, con miras a enterrar definitivamente el plebiscito.
Por Leovani García Olivarez *
*Corresponsal de Prensa Latina en Brasil.
arb/lgo
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