Quién defenderá al pueblo

Ahora en el 2013, después de doce años de haber sido aprobado mediante la Ley 19-01, e incorporado a la nueva Constitución del 2010 (Cap. VIII. Arts. del 190 al 192), por fin se eligió al Defensor del Pueblo.

La figura del Defensor del Pueblo se desarrolló en América, siguiendo el modelo español, que en el 1511 instaló en la isla La Española una Audiencia Real, cuyos jueces desempeñaban la función de "oidores" y "veedores", es decir, eran los oídos y los ojos de la Corona y que desempeñaban, entre otras, la función de administración de la justicia, así como comunicar al Rey las injusticias cometidas por los Virreyes. Paradójicamente, cuando los dominicanos hacemos esfuerzos por la instauración de este órgano, en España se debate la supresión de los nueve Defensores autonómicos para ahorrar recursos económicos, y por supuesto, ello pone de manifiesto su escasa preponderancia como órgano democrático de control.

No estamos en contra de la existencia del Defensor del Pueblo, simplemente expresamos, como muchos, nuestro escepticismo sobre su buen funcionamiento y su eficacia; de que no correrá la misma suerte que otros tantos organismos, comisiones, tratados, decretos y leyes, cuyos fines y funciones se han convertido en simple letra muerta. Si en nuestro país hiciéramos una relación de los tantos desmanes, violaciones de derechos de los ciudadanos, depredación del patrimonio de la nación, casos de corrupción y la inoperancia y mal funcionamiento de muchas instituciones públicas, se podría decir, sin miedo a equivocarse, que para enderezar estos entuertos resultarían insuficientes, no sólo uno, sino cientos y miles de Defensores del Pueblo.

Así las cosas, entonces, ¿quién defenderá al pueblo? Respondemos categóricamente, al pueblo habrá de defenderlo el pueblo mismo, en el marco de un clima de verdadera democracia. En democracia, el pueblo no necesita de defensores ni de mediadores. Tal como la definiera Lincoln en su famoso discurso de Gettysburg en 1883, la democracia es "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". El concepto "del pueblo" hace referencia a la legitimidad de origen del gobierno (es del pueblo de donde emana la facultad de gobernar); "por el pueblo" hace referencia a la legitimidad del ejercicio (directamente a través de sus representantes); "para el pueblo" alude a la legitimidad de sus resultados (es el pueblo el que tiene que verse beneficiado por la gestión del gobierno). En un gobierno que sea legítimo en estas tres dimensiones es más que probable que no se necesite de un órgano para defender al pueblo.

La democracia por sí misma debe garantizar los derechos de los ciudadanos, y son ellos mismos, en su calidad de "pueblo", quienes deben vigilar y exigir este cumplimiento. La democracia no debe identificarse con la idea de gobierno de la mayoría, sino que conlleva otras exigencias, como son el derecho al voto y el respeto a los resultados electorales, pero también exige la protección de la libertad, el respeto de los derechos dentro un marco legal y la garantía de la libertad de expresión, así como que no exista censura de la prensa y que la información pueda circular libremente (Amartya Sen, 2009). El mismo Sen enarbola la definición de democracia como «gobierno a través de la discusión», esto implica que los valores individuales y colectivos pueden cambiar, y de hecho cambian, en el proceso de la toma de decisiones". En la perspectiva del debate público, la democracia debe otorgar un lugar especial a la garantía de la discusión libre. La democracia también deja espacio a la presión social y moral y a los movimientos sociales, para que los ciudadanos puedan defender sus intereses y fortalecer sus esperanzas, derecho que no puede ser delegado al Defensor del Pueblo, ni mucho menos permitir que pueda ser mediatizado por el mismo o por el proceso de burocratización propio de sus mecanismos de gestión.

En este contexto, más contar con un Defensor del Pueblo "para velar porque no se violen los derechos de los ciudadanos", y "para vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y las privadas prestadoras de servicios públicos, requiriendo un funcionamiento correcto de parte de éstas", sería mucho más provechoso dedicarlo a "educar y concienciar al pueblo" para que pueblo mismo exija y defienda sus derechos. Algunos autores consideran que más que un Defensor del Pueblo, lo que se requiere más bien es un «Educador del pueblo», que promueva, junto a otras instituciones, una participación política activa, reflexionada y responsable, y de la misma manera, fomente el escrutinio público y la deliberación para lograr un control popular significativo de la política democrática, así como la expresión de la inconformidad y la denuncia como expresión de la opinión pública que obligue al Estado a revisar y corregir lo que el pueblo o condena, denuncia, requiere, cuestiona o exige, reconociendo que "la vida pública tiene que incluir voces de diversas procedencias capaces de articular sus preocupaciones e intereses".

Sobre la posición de "educar al pueblo para que se defienda, en vez de defenderlo", el doctor Héctor Rodríguez Montes de Oca, de la Universidad De la Salle de México (2013), considera que "cuando a un pueblo privado de educación, enardecido y sin futuro se le defiende, acaba por no saber de qué o de quien se le defiende; el pueblo está muy defendido, pero mal defendido. Es tiempo de defenderlo de las limitaciones del mismo pueblo, que se encuentra sumido en la ignorancia, la desesperanza y olvido de los que gobiernan; éstos son los enemigos de los cuales debe defenderse, enemigos muy cruentos, tan cruentos como el hambre, el autoritarismo gubernamental, la demagogia y la injusticia". Y de esto debe tomar conciencia el pueblo mismo.

De igual manera se expresa Juan Carlos Monedero (2009), cuando sostiene: "El capitalismo miope, como lo denominó Galbraith, es incapaz de regular la justicia si no existen voces que lo reclamen, esas voces (las del pueblo) deberán poner en marcha, como lo planteó el educador Pablo Freire, «una pedagogía de la indignación», una enseñanza que elabore una conciencia desdichada que se sabe a sí misma sometida". Hoy, cuando los "oidores" y "veedores" del pueblo, revestidos de sus propios intereses políticos, pudieran resultar "ciegos" y "sordos" ante los gemidos y ayes del "pueblo dominicano", entonces, el mismo pueblo ya educado, sensibilizado, concienciado, y responsabilizado, mediante el discurso o la protesta cívica, elevará su voz, consciente de que la democracia es capaz de defenderse a si misma si incrementa la capacidad de reducir la injusticia y la violencia.

La democracia es capaz de defenderse a sí misma, si incrementa la capacidad de reducir la injusticia y la violencia.