Colombia quiere renacer

La Habana (PL) Si un resultado ya pudiera mencionarse de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno es la movilización popular que han generado en Colombia.

La participación social tiene cada vez más relevancia en este proceso. De hecho, la instalación de la Mesa de Conversaciones en La Habana fue postergada para el 19 de noviembre con el propósito de diseñar las formas en que pudieran escucharse las voces de la ciudadanía.

Las organizaciones y movimientos colombianos que, en diferentes momentos, han desandado páramos, valles y ciudades en la búsqueda de una salida al conflicto, han tomado la iniciativa. Desde todas las regiones, convocan a la Ruta social común para la paz.

La interlocución con la sociedad se incentiva hasta por los grandes medios de comunicación y, en la práctica, empiezan a funcionar las Mesas regionales de Paz, impulsadas por la Comisión de Paz del Congreso, y se hacen esfuerzos por reestructurar el Consejo Nacional de Paz, surgido en 1998, para recibir propuestas de los colectivos civiles.

Todo ello, pese a que suelen reiterarse las declaraciones, sobre todo, en el ámbito de los sectores populares organizados, en torno a la necesidad de otros espacios.

La participación también se extenderá a la esfera digital, a partir de una página web que incluirá el wayú, cicuane y embera, lenguajes de pueblos originarios de Colombia, pero, como se ha dicho, este instrumento, por las limitaciones del acceso y la apropiación de Internet, no logra ser realmente inclusivo.

A las convocatorias institucionales se ha sumado una nueva posibilidad de encuentro: el Foro sobre Política Integral Agraria, en correspondencia con el primer punto del Acuerdo general, previsto por las FARC para los días 17, 18 y 19 de diciembre.

La guerrilla ha sido enfática en cuanto al protagonismo popular y al reconocimiento de esos otros procesos que nacen desde los movimientos populares.

En el Centro Martin Luther King de La Habana, Carlos Arturo García, integrante de Marcha Patriótica, una de las mayores plataformas de convergencia del país, con más de dos mil organizaciones sociales y a la que se ha integrado la exsenadora Piedad Córdoba, explica la posición compartida por diversos movimientos de la nación sobre la participación en los diálogos de paz:

"Los mecanismos del gobierno, el Congreso, y también de los partidos de izquierda, no son suficientes. Nosotros apoyamos la participación directa del movimiento social, sin intermediación. No pensamos solo en la incidencia, sino en cómo visibilizar para que sean tomadas en cuenta las propuestas construidas de forma colectiva, que deben fortalecer los seis puntos de la agenda. En la Mesa hay una parte, pero faltan otras

expresiones del movimiento social y popular".

Para comprender con mayor exhaustividad a García, es necesario colocar otras frases de la conversación, con seguridad, escuchadas en varias oportunidades por quienes le siguen el rastro a la historia colombiana:

"El conflicto es social, económico, político y armado. Entonces no se trata de cese de hostilidades, de entregar las armas. La solución está en resolver las causas que lo iniciaron. Por eso, el pueblo tiene que participar, porque ha vivido -además- las consecuencias de la larga guerra impuesta por el régimen".

Tres procesos de paz anteriores quedaron frustrados. En 1984, en el municipio La Uribe, Meta, se firmó el primer acuerdo entre una Comisión de Paz y las FARC, durante la gestión gubernamental de Belisario Betancur. Sin embargo, tres años después se rompieron las negociaciones.

La Operación El baile rojo contra la Unión Patriótica -movimiento integrado por la guerrilla, otros sectores populares y el Partido Comunista para la participación política legal- ya había iniciado el genocidio que, según organizaciones de derechos humanos, cobró cinco mil muertes hasta entrados los años 90 del pasado siglo.

En 1991 comienza otro intento, en dos partes (Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México), con el presidente César Gaviria, el cual fracasó al año siguiente.

En 1999 San Vicente del Caguán recibió las conversaciones entre la insurgencia y el gobierno de Andrés Pastrana, pero después de sucesivos acontecimientos los pactos se convirtieron en papel mojado en 2002. El camino militar terminó imponiéndose y las puertas se abrieron completamente al Plan Colombia.

Sin embargo, en esta ocasión, los diálogos tienen de "fondo" otro contexto. Los sectores populares se han organizado de forma autónoma por una paz con justicia social.

El Encuentro de Mujeres contra la Militarización en agosto de 2010; de campesinos, afrodescendientes, indígenas, y también organizaciones eclesiales y de base en Barrancabermeja el pasado año; dan fe de un momento renacentista en el país.

Igualmente, el evento que en agosto abrió el proceso nacional de la Ruta social común para la paz 

(http://rutasocialcomunpaz.blogspot.com/

,tp://prensarural.org/spip/spip.php?auteur2140), que pretende ser el espacio unitario de la creatividad popular para una solución a la guerra.

El propio surgimiento de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, como amplias articulaciones de la diversidad de los movimientos sociales colombianos para actuar en el escenario político, muestran la fuerza que se teje desde abajo.

De ahí que este proceso haya venido a catalizar la confluencia y la movilización, lo cual es una posibilidad para fortalecer la organización popular y reencauzar aspiraciones como la de una Asamblea Constituyente.

Además, estas dinámicas participativas como la Ruta y sus propuestas, de ser asumidas por la Mesa, podrían otorgarle mayor legitimidad a las conversaciones, que estarían así resguardadas para que naveguen a buen puerto.

En sintonía, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha conformado una delegación exploratoria y, en carta abierta, ha pedido un ambiente exento de confrontación en el país para avanzar.

Cuando en agosto se anunció la apertura de los diálogos entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, el mundo miró a la nación con grandes expectativas.

Durante este corto tiempo, el cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla, y la intención de aproximar cada vez más a la Mesa a la sociedad colombiana son importantes pasos.

Es cierto que mucho depende de la institucionalidad y, claro, de otros grupos que propician y sostienen la violencia. No obstante, los sectores populares colombianos reconocen el poder de sus manos; el papel de los de abajo, como en cualquier sitio, para transformar la realidad.

La ruta hacia la paz, aseguran, está en los diálogos de La Habana, pero también en las comunidades y las calles de toda Colombia.

*La autora trabaja en el Centro Martin Luther King (CMLK).

ucl/mf