Margarita Cedeño De Fernández: El principio del no retroceso social

1. El Estado como promotor de la equidad y la justicia social. A pesar de las complejidades económicas que afrontan la casi totalidad de las naciones del mundo, existe el interés en los liderazgos gobernantes de enfrentar los retos y desafíos sin que se reduzca la inversión en los programas sociales.

Reducir la brecha entre ricos y pobres, poniendo en marcha programas y políticas públicas para que los excluidos y marginados reciban mayores beneficios del crecimiento y desarrollo económico, es un propósito común compartido por todas las naciones y sociedades civilizadas del mundo.

Esas coincidencias en la gestión pública constituyen el más obvio indicador de que los liderazgos que gobiernan, sin importar el país a que pertenezcan, caminan hacia la misma meta y por un mismo horizonte, aunque a veces los métodos sean distintos.

Inclusive, es importante acotar que los Derechos Sociales están reconocidos dentro de Tratados del Derecho Internacional Público.

En efecto, el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), consagra: Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Poner en juego los Derechos Sociales es un detonante que activaría en la lucha y movilizaría a las poblaciones hasta de las sociedades más pacíficas y conservadoras de la humanidad.

En efecto, ya ha estado sucediendo en España y otros países de Europa. Por tanto, preservarlo e incrementarlo, se han convertido en la meta fundamental del liderazgo con sentido humano.

Inclusive, entre prominentes constitucionalistas ha emergido un interesante debate en procura de desconocerle a los derechos sociales la categoría de derechos fundamentales, debido a que estos no son derechos justiciables.

Es importante tener presente que el surgimiento del Estado Social de Derecho más que una elección del liderazgo político de la Nación, ha sido la única alternativa viable y efectiva para hacerle frente al desafío que implica el agotamiento del modelo de Estado Liberal.

En República Dominicana ese agotamiento del Estado Liberal se hizo palpable a partir de los años 90 del pasado siglo, y por eso, el liderazgo político sabiamente ha llevado a cabo un proceso de reingeniería del Estado con el propósito de humanizar más las políticas públicas. Es que, inclusive, el bienestar social constituye uno de los valores y principios supremos consagrados en el Preámbulo de la constitución que debe regir en la misión del Estado.

Al respecto, el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán (2011) señala que “el bienestar social suele definirse como el conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana”.

En la reforma fiscal, así como en las medidas que ha tomado el gobierno que preside Danilo Medina Sánchez, en los primeros meses de gestión, se ha tomado muy en cuenta el principio del “no retroceso social”, una de las teorías fundamentales del Estado Social y Democrático de Derechos.

La actitud de la presente gestión de gobierno, es no sólo la de mantener y darle continuidad a los programas sociales que heredamos del gobierno anterior, sino también, incrementarlos, y al mismo tiempo diseñar y ejecutar otros Programas y Políticas públicas que estén orientados directamente al beneficio de los más necesitados.

2. Los derechos sociales adquiridos no deben ser afectados.

El principio del no retroceso social se fundamenta en el predicamento de que los derechos sociales una vez adquiridos por las personas y las familias no deben ser afectados, ni anulados.

Por eso, es normal que los gobiernos, traten de manejar las complejidades, desafíos y retos económicos que se presentan sin afectar los programas y las políticas que constituyen el fundamento de los Derechos Sociales.

Es que, en definitiva, el constitucionalismo moderno, como señala María Luisa Balaguer Callejón (2001) “encuentra su máxima expresión en el modelo de Estado Social. A los fines que ha de desarrollar el Estado Social de Derecho, contribuye de manera ineludible una constitución normativa y garantista, que permita a los grupos sociales exigir el cumplimiento de ciertos derechos considerados fundamentales”.

Los tres términos: Estado social, Estado democrático y Estado de derecho, expresan una unidad que fue muy bien conjugada por el constituyente dominicano en la reforma constitucional del 2010, al definir a República Dominicana, en el artículo 7, como un Estado Social y Democrático de Derecho. Sin embargo, como acota el jurista Martin C.

de Cabo (1998) “en cuanto se refieren a la actuación del Estado sobre la Sociedad, a través de principios y procedimientos democráticos, y sometidos al derecho, no están estos tres elementos en situación de igualdad, sino que hay uno de ellos que tiene una estructura prevalente sobre los otros dos, y es el Estado Social”.

El principio del “no retroceso social” tiene en el gobierno de Danilo Medina y en nuestra persona, en calidad de Coordinadora del Gabinete Social, a aliados comprometidos y grandes precursores.

El principio del “no retroceso social” se sustenta también en el compromiso asumido por el liderazgo político, social, religioso y empresarial, en darle al Estado un contenido social, una justicia distributiva y un sustento moral.

Por tanto, en el momento histórico en que vive la humanidad, es muy difícil que un gobierno democrático, intente suprimir los Derechos Sociales. Empero, como señala Leonel Fernández (1998), “la amenaza de hoy a la supervivencia del Estado democrático se encuentra en la incapacidad que hemos tenido para frenar la multiplicación sin límites del fenómeno de la pobreza.” El ex gobernante precisa que “la democracia no podrá florecer si persisten las condiciones de miseria que afectan a nuestras sociedades”.

Inclusive, las campañas electorales en casi todos los países del mundo, en cuanto al componente comunicativo, se han convertido en ciertas medidas en discusiones profundas en torno a las propuestas de políticas públicas y programas sociales que hacen los candidatos y candidatas, en procura de lograr la persuasión de los electores.

Es un hecho inocultable que a la democracia en República Dominicana, en los últimos años, se le ha venido dando una dimensión social. Esa dimensión social se ha incrementado considerablemente a partir del 16 de agosto del 2012, con acciones directas y precisas para fomentar la pequeña y mediana empresa, apoyar con financiamiento a través del Banco Agrícola a los pequeños productores de la Reforma Agraria, incrementar el número de familias beneficiarias de la Tarjeta Solidaridad, incrementar el número de personas y familias beneficiarias del Seguro Nacional de Salud, el Plan Nacional de Titulación, así como con la implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, entre otros programas.

Uno de los objetivos principales que se buscó con la reforma fiscal aprobada a finales del 2012, fue dotar al Estado de mayor capacidad para invertir en el progreso social.

En efecto, como señaló el presidente Danilo Medina (2012) en su disertación en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno: “Necesitamos un modelo de desarrollo en el cual el Estado pueda asumir como principal responsabilidad garantizar la calidad de vida sin discriminaciones ni exclusiones, al mismo tiempo que promover el crecimiento y estabilidad de las economías”.

El pueblo dominicano puede tener la plena seguridad de que en la actual gestión de gobierno que preside Danilo Medina Sánchez, sin importar los retos y desafíos que debamos enfrentar, el progreso social está garantizado.

Ahora bien, esa misión no debe ser emprendida solo por el gobierno. En los actuales momentos en que vive el mundo, nuestro país demanda de la participación y concurso de cada ciudadano.

Todos y todas, donde quiera que estemos, sin importar nuestra situación o condición, podemos aportar nuestro granito de arena para lograr reducir la pobreza, integrando a los excluidos en el tren del desarrollo y el progreso.

No escapa a ninguno de nosotros, que la pobreza es una amenaza contra la estabilidad social y el desarrollo nacional, por lo que se hace imprescindible el establecimiento y puesta en práctica de estrategias conjuntas, que nos permitan impulsar el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible. La superación de la pobreza nos compromete a todos, pues actuando de manera aislada y descoordinada no podremos tener resultados de impacto. 

TOMADO DEL LISTIN DIARIO