Al “pobre Agripino” le han tirado de la sotana

Cesar Medina lobarnechea1@hotmail.com Monseñor Agripino Núñez Collado –el concertador, el mediador– debería pensar muy bien a partir de ahora el papel tan ingrato que lo ha puesto a jugar la canalla mediática que controla el Consejo Económico y Social. Le han dado un tirón de sotana que lo obliga a la dimisión.  De paso, el presidente Danilo Medina tiene que asumir la responsabilidad de desapoderar a esa instancia del plan de reforma tributaria del gobierno y convertir esas iniciativas en un proyecto de ley para que se debata en el Congreso Nacional. Los grupos de la llamada sociedad civil que controlan el Consejo Económico y Social le han dado un varapalo, como dicen los españoles, al carismático rector universitario induciéndolo a incurrir en un desatino que lo coloca al margen de la Constitución y que en cualquier sociedad menos permisiva le habría obligado a la renuncia inmediata. Dar un plazo de 36 horas al gobierno para que le entregue una relación pormenorizada de ingresos y egresos fiscales de los últimos seis años, además de una necedad inaudita si se toma en cuenta que esa información aparece en las memorias de las instituciones del Estado y en los informes económicos del Ministerio de Hacienda, es una muestra palpable de que Núñez Collado se ha convertido en una marioneta de esos grupos. Sólo habría que comparar tales exigencias con las que casi simultáneamente hacía el grupo “apartidista” Participación Ciudadana sobre el mismo tema, cuyo coordinador, Francisco Álvarez Valdez– ¡oh sorpresa!– es el mismo personaje designado por la CES para encabezar una comisión que investigará “qué ocurrió con el manejo de los recursos del Estado que generó el déficit fiscal”, y para que determine “cuál es su monto real”. Es obvio que monseñor Núñez Collado no tiene ni siquiera influencia en la instancia que coordina, pues se supone que un hombre de su experiencia jamás habría incurrido en un exceso de esa naturaleza, que desborda los alcances del artículo 251 de la Constitución que crea el CES. Un exceso flagrante “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley”, dice el 251 de la Constitución. ¿Que parte de ese artículo otorga facultad a ese consejo para emplazar al Ejecutivo en procura de información de cualquier naturaleza? Está claro que Agripino Núñez Collado ha sido sorprendido por los grupos políticos que interactúan en el CES y que tienen propósitos muy distintos a discutir con altura y profundidad los alcances de los problemas financieros del gobierno en procura de las soluciones menos onerosas para los pobres. Esos grupos tienen su propia agenda política, que ha sido expuesta muchas veces por Participación Ciudadana. Tanto en esta columna como en los programas de televisión en los que participo, he dicho muchas veces que el CES está controlado por esos grupos. Pero jamás tuve idea del nivel de su penetración. Ahora se sabe, además, lo que están buscando. La cabeza de Leonel Le están tirando a la cabeza de Leonel... El caso es que ahora quieren llevarse a los dos pájaros de un sólo tiro: También cazar a Danilo. Están conscientes de que dividiendo a los dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana le abren paso a la oposición política de la que ellos son parte integral. El chantaje llega al extremo de condicionar el apoyo a las iniciativas financieras del gobierno a que Danilo responsabilice a Leonel de la crisis económica. Y en eso han arrastrado a monseñor Núñez Collado. Se trata de una manipulación grosera que prácticamente ha dejado sin alternativa al prelado católico. Y coloca al gobierno en la obligación de enviar directamente al Congreso la reforma tributaria convertida en proyecto de ley. A las vistas públicas podrían ir esos grupos con sus ladridos de siempre. También se convocaría a las instituciones empresariales y a los demás sectores de la vida nacional. Esa es la instancia para debatir las leyes... ¡Dice la Constitución!