La suerte de Miguel Olivero
La pistola que atribuían al joven era portada por un policía
(VER AL FINAL EDITORIAL DE DIARIO LIBRE)
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A las 8 de la noche del domingo 4 de enero del 2009 Miguel Abraham Olivero Jiménez, 22 años, fue sacado de la fiesta navideña que junto a su novia y otros muchachos celebraban en el parqueo de su residencia en el barrio Invi de Santo Domingo Este por dos agentes policiales que rondaban “en busca de delincuentes”. Lo subieron al motor en que patrullaban y tras llevarlo a un descampado le metieron un solo balazo en la pierna y lo condujeron luego al cuartel policial, donde la patrulla fue recriminada por crear problemas al llevarlo vivo. Porque debieron matarlo.
Realmente Miguel Abraham fue un muchacho dichoso. Está vivo porque algo le remordió al raso Carlos Manuel Cuevas Pérez, que misericordiosamente sólo le disparó a una pierna y desobedeció la orden de que lo rematara del cabo Julio Soto Reyes. Lo demás es que era hijo de un funcionario y profesor de la Universidad Autónoma y ex dirigente peledeísta, de los fundadores, Juan Tomás Olivero, quien movió todo lo que pudo para salvar a su hijo, incluso llamando al programa Jornada Extra, que estábamos realizando a esa hora por Teleantillas para denunciar la situación. El Rector de la UASD gestionó rápidamente ante la PN.
Miguel pudo ser trasladado a un hospital, bajo custodia policial, donde recibió atención y unos meses después logró su plena rehabilitación. Su dicha fue mayor porque además del coraje de su padre, tenía un pariente abogado, Praede Olivero Féliz, que aunque ejerce en Barahona, dedicaría más de tres años al caso en Santo Domingo, moviendo cielo y tierra hasta lograr una condena definitiva de la Suprema Corte contra los dos criminales
No fue nada fácil. Sufrieron un intento de agresión cuando iniciaron la querella en la fiscalía de Los Mameyes. En la audiencia preliminar refuerzos policiales procuraban intimidarlos. Abraham era amenazado. Tuvieron que mudarse del barrio, de su casa propia a una alquilada en el Distrito. La UASD les puso un equipo de seguridad para protegerlos. Participaron en una docena de emisiones del telediario Uno+Uno y de Jornada Extra.
El calvario judicial se resume como sigue: el 8 de enero del 2009 el Quinto Juzgado de Instrucción de la Prov. Santo Domingo dispone medida de coerción, remitiendo a los policías a La Victoria, donde nunca serían conducidos. Pese a ello el raso Cuevas es ascendido a cabo. El 6 de Julio del mismo 2009 el Cuarto Juzgado de Instrucción acoge la petición de juicio, y al comenzar marzo del 2010, el primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia los condena a diez años de cárcel y una indemnización de un millón de pesos.
Los abogados de los policías apelan el 8 de marzo y la Corte dispone un nuevo juicio por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual el 5 de Octubre ratifica la condena de diez años de prisión por asociación de malhechores, abuso de autoridad y por los golpes y la herida sufrida por Miguel Abraham. Una nueva apelación fue rechazada por la Corte de Apelación el 11 de abril del 2011, y como los acusados recurren en casación, la Suprema Corte la declara inadmisible el 10 de agosto del 2011, por lo que la condena queda como definitiva.
Un año después los policías no han llegado a la cárcel de La Victoria y siguen cobrando sus sueldos, según testimonió por televisión esta semana el abogado Olivero Féliz, quien además logró demostrar ante los tribunales que la pistola que atribuían al joven estudiante y empleado de la UASD era portada por uno de los policías, aunque había sido robada en un asalto a un establecimiento comercial.
Cuando le preguntamos a Olivero cuánto habría costado llevar ese juicio, dijo que por lo menos 500 mil pesos. La suerte de Miguel Abraham es tan grande que le salió gratis. Cualquiera tiene la tentación de considerar la justicia muy cara, prohibitiva y riesgosa para cualquier otro muchacho de barrio. Es duro nuestro estado de derechos.
Linchamiento
(EDITORIAL DE DIARIO LIBRE)
Parecían haber remitido esos excesos en los que ciudadanos se toman la justicia por su cuenta y sin juicio ni posibilidad de defensa, emprenden acciones contra un "culpable". Hay que detener estos brotes.
La Justicia emprenderá las acciones de lugar contra quienes incendiaron la casa de Pedro de la Cruz sin darle una oportunidad de salir. El hecho de que lo "supieran" culpable de haber matado a su concubina parece ser el motivo que les llevó a tal acción.
El clima de violencia que obviamente se vive en esa comunidad de Yamasá amerita acciones que van más allá de la presión policial inmediata por el caso.
Cuando en una sociedad los linchamientos son algo más que esporádicos, es evidente que falla el sistema de prevención, el policial y la justicia. O sea, que el Estado de Derecho no es más que una ficción. Cuando los ciudadanos muestran tal nivel de barbarismo, tal indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la sociedad tiene un serio problema. ¿A quién llamamos en este caso?
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